A medida que la inflación se dispara bajo las renovadas sanciones del presidente Trump, las autoridades venezolanas intentan controlar la deteriorada situación financiera del país.
El presidente autocrático de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aplastado a la oposición, encarcelado a jueces y políticos, e incluso arrestado a ciudadanos estadounidenses para utilizarlos como moneda de cambio en las negociaciones internacionales.
Ahora va tras una profesión que no se ha considerado tradicionalmente arriesgada en Venezuela: los economistas.
Los expertos dicen que el gobierno busca controlar la narrativa en torno a la profundización de la crisis financiera venezolana al atacar a los expertos independientes que comparten datos sobre la economía del país, que se encuentra en picada.
Según grupos de derechos humanos y el gobierno venezolano, en los últimos dos meses han sido detenidos aproximadamente dos docenas de economistas y otras personas involucradas en la publicación de datos financieros.
“Se trata esencialmente de una política de disparar al mensajero”, dijo Phil Gunson, analista del International Crisis Group que ha vivido en Venezuela durante más de dos décadas.
El Banco Central de Venezuela lleva años sin publicar datos fiables sobre indicadores clave como la inflación, lo que obliga a los economistas a llenar los vacíos con estimaciones independientes.
“Es como la teoría económica de Campanita”, añadió, en referencia al esfuerzo de Maduro por acallar cualquier mala noticia económica. “Si crees en ella, su luz sigue brillando”.